La Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico (ASEC), organización profesional que representa a la alta gerencia de las cooperativas, desea expresar su consternación ante las conversaciones reveladas entre el Primer Ejecutivo del país, Ricardo Rosselló Nevares, sus asesores y miembros de su gabinete. Para nosotros, los que custodiamos el patrimonio de nuestros socios cooperativistas, la profesión ejecutiva es una labor respetable. En cada uno de nosotros se delega, por los cuerpos directivos representativos de la Asamblea de Socios, la más alta confianza de la institución. Y, las facultades que se nos confieren son directamente proporcionales a las responsabilidades que debemos asumir.

Un buen ejecutivo sabe mantener un fino balance entre facultades y obligaciones. Es imprescindible lograr este equilibrio sin excedernos en la ejecución del poder, ni suprimirnos en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Emprender, administrar éticamente y velar por el cumplimiento de las políticas de la cooperativa y su buen funcionamiento, son nuestra razón de ser, no un adorno en el contrato.

La función ejecutiva en la esfera pública no debe ser distinta. De hecho, debe ser más rigurosa. Si en el ámbito privado nuestra gestión debe estar dirigida a responder a los intereses de nuestros socios-dueños, accionistas y clientes, en el espacio público tiene que estar conducida por el genuino interés de servir sin discrimen a toda la ciudadanía.

Es por eso que nos parece inaceptable que, ante las expresiones que se han hecho públicas y que delatan las verdaderas intenciones y formas de pensar de quienes están llamados a proteger la democracia y la esfera pública, el gobernador de Puerto Rico persista en su cargo. Quien ostente la posición de Primer Ejecutivo del país tiene la obligación de proteger y velar por mantener los más altos estándares de verticalidad, ética y moral en el Estado.

En una situación similar, ningún ejecutivo -público o privado- debería permanecer en su cargo. De la misma manera que en una empresa privada cualquier alto gerencial hubiera sido despedido fulminantemente por el riesgo reputacional que representaría para la organización, nuestra institucionalidad como país está en entredicho en estos momentos.

Ricardo Rosselló Nevares está inhabilitado para representarnos como pueblo y es el deber de nuestra Asamblea Legislativa asumir la responsabilidad vicaria de mitigar los daños de inmediato. El bienestar del país tiene que estar por encima de consideraciones de estrategia político partidista. Mientras más tiempo pase, aun mayor será el daño para la paz y la estabilidad de nuestra economía y nuestra vida cotidiana. Ante la incapacidad del Primer Ejecutivo de desempeñarse con honorabilidad y decoro, queda en los líderes de nuestro país, rescatar lo que queda de institucionalidad y consumar, como buenos servidores públicos, las decisiones importantes para las que fueron electos.

Nosotros, desde el movimiento cooperativo, seguiremos, con humildad y perseverancia, contribuyendo a la reconstrucción de Puerto Rico.

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