San Juan – La Asociación de Ejecutivos de Cooperativas (ASEC) tiene reparos con la medida legislativa que concede una moratoria adicional al pago de hipotecas de vivienda o propiedades comerciales, por considerar que su aprobación tendría una repercusión negativa sobre los consumidores, quienes acumularán una gran cantidad de intereses durante este periodo.

En su ponencia sometida ante la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo de la Cámara de Representantes, la ASEC mostró preocupación por el efecto que una legislación de este tipo tendría sobre los socios cooperativos, que en su mayoría son trabajadores de recursos económicos limitados y adultos mayores.

La entidad, que agrupa los principales ejecutivos de más de un centenar de cooperativas de ahorro y crédito, señaló que los consumidores cuentan con legislación que les permite proteger y salvar sus viviendas, como son la Ley 184 para Mediación Compulsoria y Preservación del Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de una Vivienda Principal y la Ley 169 de Ayuda al Deudor Hipotecario.

En cambio, “la aprobación de la presente Resolución Conjunta tendría un efecto nefasto para nuestros socios, toda vez que luego de septiembre 2018, se tendrían que cumplir también con las dos leyes antes expuestas, lo que agravaría el asunto de los intereses acumulados”, reza la ponencia presentada.

En consonancia con los valores cooperativistas, luego del paso del huracán María “nuestras cooperativas voluntariamente tomaron y continúan tomando las medidas necesarias para proveer a sus socios el alivio financiero necesario, sin necesidad de la intervención del Estado, y observando las normas de salud y seguridad financiera, a las que están sujetos en virtud de las leyes y reglamentos locales y federales”, indica la ASEC.

Además del efecto adverso en el consumidor, la pieza legislativa tendría un efecto negativo en las finanzas de las Cooperativas.

“Esto afectaría las instituciones financieras requiriéndoles mayores provisiones y reservas, disminuyendo las carteras de préstamos hipotecarios y limitando este tipo de financiamiento. Esto limitaría que la ciudadanía acceda al mercado hipotecario, especialmente a aquellos puertorriqueños que aspiran a tener su casa propia”, indicó Carlos F. Ortiz, presidente de la Asociación.  

Asimismo, la ASEC considera que la medida propuesta tiene vicios de inconstitucionalidad, pues podría violentar la Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que protege la contratación privada contra la intervención del gobierno.

14/feb/18